En su Informe de este martes, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU hizo especial énfasis en la necesidad de abandonar el enfoque de militarización de la seguridad pública en México, como parte de sus recomendaciones para erradicar en el país el delito de desaparición forzada.
Recuerda que en los últimos 14 años se han emitido 162 recomendaciones de la CNDH a las Fuerzas Armadas por presuntas violaciones a los derechos humanos, 15 de ellas con relación a desaparición forzada.
En el documento de 30 páginas que se entregó a las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores señala que como ha sido “ampliamente denunciado en el ámbito nacional e internacional”, el enfoque de seguridad pública adoptado por el Estado desde los años noventa y fomentado por la reforma legislativa del 2006 y más recientemente en 2019, “ha sido insuficiente e inadecuado en lo que atañe a la protección de derechos humanos”.
Refiere que pese a que, en el Decreto del 26 marzo de 2019, que reforma el artículo 21 de la Constitución y crea la Guardia Nacional como una institución policial de carácter civil adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, se observa que la mayoría de sus elementos cuentan con instrucción militar: de sus 101 mil 182 elementos, el 58 por ciento provienen de Sedena, 26 por ciento de la ex Policía Federal y 16 por ciento de la Secretaría de Marina (Semar).
A esto se suma el Acuerdo Presidencial publicado en mayo de 2020, que ordena a la Fuerza Armada permanecer en las funciones de seguridad pública. Además, la Ley de la Guardia Nacional, Ley Nacional de Uso de la Fuerza y Ley Nacional del Registro de Detenciones, adoptadas en 2019, permiten la utilización extensiva de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública.
En 2021, Sedena y la Guardia Nacional se encontraban entre las 10 autoridades señaladas con mayor frecuencia en los expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos registrados por la CNDH, y Sedena y la Secretaría de Marina se encontraban entre las 5 autoridades federales con mayor número de recomendaciones en trámite.
“La permanente participación de la Fuerza Armada establecida en la reforma constitucional del 11 de mayo de 2021, a pesar de presentarse como ‘extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria’, permite poner en duda su conformidad con los estándares constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos y seguridad ciudadana”.
En vista de lo anterior, el Comité instó al Estado a abandonar el enfoque militarizado de seguridad pública.
“La política pública de seguridad debe construirse en plena concordancia con los principios internacionales de derechos humanos y garantizar el carácter civil de las instituciones de seguridad, conforme al artículo 21 de la Constitución. Por lo tanto, el Comité reitera su recomendación de fortalecer a las fuerzas civiles del orden y requiere al Estado parte establecer un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública”, subraya la recomendación.
El Comité expresó su agradecimiento por la cooperación y facilidades brindadas por México antes y durante la visita que realizó entre el 15 y 26 de noviembre del año pasado.
De acuerdo con el reglamento, el Comité le otorga a México un plazo de 4 meses para presentar las observaciones que considere oportunas sobre el presente informe y dará seguimiento a la implementación de sus recomendaciones en coordinación y cooperación con el Estado parte y los diversos actores implicados.
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