Fortín, Ver.— Padres de Familia de la escuela primaria “Profesor Antonio Quintana”, con clave CCT 30EPR0916I, ubicada sobre el bulevar Córdoba–Fortín, a la altura del club deportivo Azucareros, hicieron públicas una serie de señalamientos relacionados con el presunto manejo irregular de la organización, posibles conflictos de interés y obstrucción de funciones internas.
De acuerdo con la información proporcionada por varios padres de familia, existen inconformidades respecto a la actuación de la secretaria de la APF, Rosa «N», ya que aseguran es apoyada por el director, supervisor escolar Porfirio «N» y el esposo supervisor de la misma, situación que —según lo expuesto— podría representar un posible conflicto de interés al influir en decisiones que corresponden exclusivamente a la asociación.
Una fuente de una madre de familia que no quiso dar su nombre por temor a posibles represalias, señaló que, presuntamente, el director del plantel, Ricardo «N», atendería indicaciones directas de la secretaria, a quien —afirma— le reportaría asuntos relacionados de la asociación, en lugar de hacerlo a la presidencia de la APF, como marcan los lineamientos de operación.
Asimismo, se expuso que la tesorera de la asociación, Paulina «N», quien actualmente se presume labora en el Ayuntamiento de Fortín, y quien actualmente no se ha presentado a la escuela , presuntamente se habría negado de manera reiterada a rendir cuentas claras sobre el manejo de los recursos económicos de la APF.
Según la denuncia, cuando se le ha solicitado la presentación de estados de cuenta, habría argumentado que la cuenta bancaria incluye movimientos personales, razón por la cual —señalan— no se permite su revisión.
De acuerdo con lo manifestado, dicha situación contravendría las normas básicas de operación de las asociaciones de padres de familia, las cuales establecen que los recursos deben manejarse en una cuenta exclusiva, destinada únicamente a fondos escolares, y estar sujetas a revisión y transparencia.
En el mismo contexto, se denunció que durante intentos recientes por revisar las finanzas, la tesorera habría acudido acompañada de una abogada, quien —según el testimonio— presuntamente profirió insultos y amenazas en contra del presidente de la APF, advirtiendo posibles acciones legales en su contra, hecho que habría ocurrido en presencia del director del plantel, permitiendo bajo su autoridad dicha arbitrariedad.
Entrevistando al presidente de la asociación,afirmó que, en diversas ocasiones, cuando se solicita orden administrativo o revisión financiera, las integrantes señaladas recurren a acusaciones de violencia de género, lo cual —según su versión— ha impedido avanzar en la rendición de cuentas y ha generado un clima de tensión al interior de la comunidad escolar.
Otro de los señalamientos indica que el supervisor escolar, presuntamente habría intervenido en asuntos que competen únicamente a la APF, respaldando al director del plantel, lo que, de acuerdo con los denunciantes, limitaría la autonomia de la asociación.
También se mencionó que la tesorera habría ejercido funciones de control financiero en ciclos escolares anteriores, en coordinación con una exdirectora, sin permitir la participación activa de la presidencia de la APF, situación que —afirman— se mantiene hasta la fecha.
Finalmente, los inconformes indicaron que actualmente las propuestas, trabajos y actividades y acciones impulsadas por la Presidencia de la Asociación son bloqueadas bajo el argumento de decisiones por mayoría, mientras que cualquier intento de regularizar procesos administrativos o financieros deriva en señalamientos personales o advertencias legales.
Ante estos hechos, los padres de familia solicitaron la intervención de las autoridades educativas y en su caso instancias correspondientes, a fin de que se realice una revisión administrativa y financiera objetiva, se esclarezcan los señalamientos y se garantice la correcta operación de la Asociación de Padres de Familia en beneficio de la comunidad escolar.
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